El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó por nueve votos contra dos la primera parte de la reforma electoral conocida como el plan B.

La mayoría de ministros concluyó que hubo “graves violaciones al procedimiento legislativo” para aprobar las reformas a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Esto deja un precedente para la resolución de la segunda parte del plan B, así como para las impugnaciones anunciadas por la oposición a reformas aprobadas por senadores de Morena y aliados en la llamada “noche negra”, cuando se sesionó en una sede distinta y solo con el bloque mayoritario.

La mayoría de ministros respaldó el proyecto de Alberto Pérez Dayán, quien determinó que la violación del proceso se cometió en tres rubros: la iniciativa aprobada por los legisladores no fue la misma que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador; se procesó como “de urgente resolución” sin que existiera justificación, y no hubo discusión parlamentaria porque ni siquiera se conocía el proyecto, todo avalado por la mayoría de Morena y los partidos del Trabajo y Verde.

“Desde mi perspectiva se encuentran acreditadas múltiples violaciones al procedimiento legislativo que en forma individual serían suficientes para declarar la invalidez de todo el decreto, pero en su conjunto (…) afecta gravemente a la democracia constitucional mexicana; acudo a la muy conocida máxima de don Benito Juárez: nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho”, enfatizó el ministro Luis María Aguilar.
Dado que solo se discutió el proceso legislativo y no las reformas en sí, el Presidente o los diputados y senadores del bloque afín al gobierno federal pueden presentar una iniciativa con las mismas reformas, aunque  deberán seguir el procedimiento adecuado y los tiempos quizá no alcancen para su aplicación para la elección presidencial de 2024.

“Como sucede con cualquier árbitro, nuestras decisiones gustarán a algunos y disgustarán a otros; celebro que eso sea posible porque da cuenta del fortalecido pluralismo de nuestra nación”, expuso la ministra Margarita Ríos-Farjat.
Solo las ministras Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz consideraron legales las reformas de la primera parte del plan B.

Esquivel sostuvo que el máximo tribunal, “por respeto a la división de Poderes”, no podía “invalidar” los compromisos del Legislativo, mientras que Ortiz se refirió a “economía procesal”, lo que la mayoría de sus compañeros concluyó que se trataba de “graves violaciones al proceso legislativo”.

“No hay de otra”
El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, acusó a los ministros de no representar los intereses de la sociedad, sino particulares, y anunció que ante la anulación del plan B implementará un “plan C en las urnas”.

“Nueve ministros pasaron por encima de la voluntad democrática expresada por los representantes populares. No hay de otra: plan C en las urnas. El pueblo mexicano busca recuperar la confianza en sus instituciones, pero la Corte decidió seguir protegiendo intereses particulares”, escribió en Twitter.
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